Hemos empezado a escuchar acerca de “el derecho a la ciudad”, este que no es un nuevo derecho, pero si poco atendido que está comenzando a ser una excelente bandera política.

Pero que es el derecho a la ciudad: ONU hábitat lo define como “es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.”

El objetivo de esta propuesta es el garantizar que en los asentamientos humanos no debe haber discriminación, deben ser inclusivas, igualitarias y con participación ciudadana. Esto significaría que los asentamientos humanos y no solo las ciudades como tal fueran construidas y diseñadas en
sinergia con sus habitantes.

Tambien las ciudades o asentamientos humanos deben ser espacios seguros para todas las personas, libres de cualquier tipo de violencia o discriminación, zonas de respeto que promuevan las costumbres, recuerdos, identidades, idiomas, expresiones artísticas y culturales no discriminatorias de sus habitantes.
Estos asentamientos humanos deben promocionar la ciudadanía inclusiva, para todos sus habitantes permanentes, temporales y migrantes, algo que con la xenofobia que aun persiste en nuestras ciudades sería complejo.

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Este derecho implica una gobernanza equitativa y participación ciudadana representativa, y este es otro de los grandes problemas, generalmente las representaciones ciudadanas en los diferentes consejos están sesgadas por las mismas circunstancias de vida, por poner un ejemplo hay mucha
representación estudiantil en los consejos de juventudes, pero muy poca representación indígena, de escasos recursos, padres o madres solteras, o cualquier grupo que subsiste en alguna vulnerabilidad que no le permite destinar tiempo y recursos a este acto ciudadano.

Estas ciudades o asentamientos también deben asegurar que los ciudadanos puedan gozar plenamente de sus derechos y funciones sociales, espacios públicos de calidad, el acceso equitativo a todas sus garantías como puede ser vivienda, educación, salud, entre muchos otros, poniendo especial énfasis en combatir las brechas y desigualdades existentes con las mujeres, los grupos marginados y las personas con necesidades especiales.

Es necesario el uso justo y equilibrado de los servicios ambientales y recursos naturales, en todos los asentamientos humanos, es decir promover de manera obligada la generación de hábitats humanos, de acuerdo con los estándares internacionales en equilibrio con la naturaleza.

Y finalmente, asentamientos humanos que manejen un sistema económico solidario, inclusivo y justo que permita reducir las brechas económicas y las desigualdades generalizadas que esto ocasiona. Proyectos económicos que ponderen las soberanías regionales como es la hídrica y la alimentaria, en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.

Publicado en: Derecho a la ciudad – Punto Medio

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Derecho a la Ciudad

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